El Gobierno, en estos últimos días, ha instalado con repetición táctica exagerada la idea de que los opositores que alzamos la voz contra su tentación hegemónica, sus recurrentes planes para deslegitimar las instituciones, acallar a la prensa y silenciar a los opositores que expresamos nuestras fundadas criticas, somos “odiadores seriales”.

Asi lo expresó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la anuencia amplificadora de estas declaraciones por parte del Presidente de la Nación, Alberto Fernandez.

La apelación al odio de la oposición con el gobierno es una estratagema trillada y fatigada de la Vicepresidente Cristina Kirchner, que ante la abrumadora prueba de la corrupción de su gobierno, sostenida por la confesión y delación incriminatoria de su propio circulo mas estrecho de poder, (Roberto Baratta, Jose Francisco López, Víctor Manzanares y su ex secretario privado asesinado Fabián Gutierrez), se defiende con ese silogismo de atribuir todo al odio opositor.

La cruzada “contra el odio” del Gobierno es la estrategia de una guerra librada por el gobierno contra la prensa, los ciudadanos y la oposición.

En todos estos años, el kirchnerismo alimentó la división de los argentinos como nunca antes en nuestra historia, fomentó la intolerancia, la violencia política y la criminalización de cualquier opinión crítica y disidente.

Cuando habla de odio, el Gobierno deja claro que su objetivo es silenciar a través del miedo a quienes deseen ejercer sus derechos, menguar la libre expresión de sus opiniones, ideas y pensamientos. La lucha contra los odiadores por parte del Gobierno es la excusa que busca acabar con los vestigios de la democracia y la división de poderes en el país.

Tal vez, ésta sea una prueba para intentar plasmar una “ley del odio” (como está en Venezuela) en el país. Puede parecer desmesurado, pero es un recorrido, no sólo linguístico sino también instrumental, que nos acerque a regulaciones de control social, a la población, a la información y a la economía de características pre-chavistas, o presantacruceñas, que el Gobierno intente aplicar en el país.

En Venezuela, Nicolas Maduro solicitó al ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, que pusiera orden en los medios y en las redes sociales.

Durante un programa transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, recordó que tanto la prensa como la televisión cuentan con instrumentos legales de regulación, mientras que las plataformas digitales no.
Dos días después, la ex canciller Delcy Rodriguez afirmaba que “Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia, en un mundo gravemente amenazado con los poderes imperiales”.

Las redes sociales y algunos pocos portales digitales eran los únicos reductos de libertad de expresión donde se habían refugiado los ciudadanos luego de que el gobierno terminará con la prensa libre e independiente. Eso lo constaté al viajar a Venezuela en mayo de 2017, invitado por María Corina Machado y otros líderes opositores a presentar mi libro: “La Década Enterrada, Cristina sus valijas y el plan mesiánico para volver”, (de Editorial Planteta 2016) con prólogo del ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, preso político y exiliado del régimen de Miraflores.Es violatorio de la constitución nacional plantear que un gobierno, para defender la convivencia, se sienta licenciado a atacar a la oposición pretendiendo ilegalizar su trabajo político, creyéndose con derecho no solo a cuestionar, sino a regular sus diagnósticos políticos, ideas, análisis y exigencias al poder, denunciando a dirigentes opositores que, a juicio del Gobierno, incurran en delito de odio o supuesta incitación a la violencia, todo ello en base a su propio dictaminen, acerca de si hay odio en un comunicado, en un tuit, una declaración pública o una transmisión en vivo por las redes sociales.

El Kirchnerismo, ha sido el principal promotor de un discurso de odio, intolerante y discriminación.

En Venezuela, aprobaron la inconstitucional, “Ley contra el odio, por la convivencia pacifica y la tolerancia”, que es profundamente antidemocrática. Eso dejando de lado que fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que usurpó las funciones constitucionales de una Asamblea Nacional electa por seis millones de venezolanos en diciembre de 2015.

El Gobierno se acerca a Venezuela con esta apelación al odio, como lo hizo antes con el intento de expropiar la empresa Vicentin S.A, apelando también al fundamento chavista de salvaguardar nuestra “soberanía alimentaria”. Sobre el particular, el Presidente declaró que se equivocó porque pensó que la gente iba a aplaudir dicha expropiación, como ocurría en la Venezuela de Chávez y Maduro. Se equivocó en esto, la ciudadanía no volverá a aplaudir al Gobierno, como cuando alguna vez privatizó las empresas del Estado, instaló las AFJP, o hizo tropelías en Aerolineas, YPF y Ciccone. Hoy la ciudadanía sabe de qué va y no está dispuesta a quitar la mirada del mal, ya no tiene miedo y defenderá sus derechos marchando y exigiendo.

Recientemente el Presidente de la Nación ha llamado al diálogo a la oposición. Sus acciones, los hechos y no las palabras acarameladas y edulcoradas, no parecen querer transitar un horizonte de paz, cordura cívica, respeto institucional, diversidad y tolerancia, cuando procuran instaurar un discurso de odio, violencia y discriminación.

Por el contrario, el Gobierno intenta condicionar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, los periodistas y opositores fomentando la censura y la autocensura.

Estas acciones van dirigidas a quebrar los principios democráticos. No lo vamos a permitir. Los argentinos, no vamos a seguir bajando escalones y deteriorando nuestra democracia hasta pulverizarla.

Sabemos bien que el poder sin control siempre oprime. Sobre todo cuando pretende usar la lucha contra el odio como excusa para odiar

 

Alvaro de Lamadrid

Diputado Nacional Juntos por el Cambio

 

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