La democracia en América del Sur experimenta un retroceso que erosiona sus elementos constitutivos vitales. Pensar la democracia, significa reconocer la forma de ejercicio del poder
democracia en América del Sur experimenta un retroceso que erosiona sus elementos constitutivos vitales. Pensar la democracia, significa reconocer la forma de ejercicio del poder, que tiene por objeto garantizar la libertad y la vigencia de un conjunto de derechos que integran una sociedad, haciendo de éstos, verdaderos ciudadanos.
Hoy en América del Sur sus pueblos vuelven a tener que dar luchas para revitalizar y reconstruir la democracia, dado que sus Gobiernos la han amenazado y negado en muchos casos. Se vuelve a luchar por la libertad, la igualdad, y por el republicanismo, afectado y conculcado, por la imposibilidad de repeler las intromisiones, interferencias y arbitrariedades de los Gobiernos.
En nombre de la instauración de procesos nacionales y populares autónomos e independientes de todos los males que originan las potencias del resto del mundo y la impiadosa globalización; estos Gobiernos han llevado a sus ciudadanos a una vida de ostracismo, al ver en ellos a enemigos, sólo por defender la democracia, la justicia, y la deliberación pública, con controles y rendición de cuentas.
La dicotomía y la tensión que se vive en la región es entre gobierno de los hombres o de las instituciones, es entre progreso y eficiencia y entre democracia y derechos humanos. Podríamos decir, que salvo Brasil, y en menor medida Chile y Uruguay, el resto de los Gobiernos de América del Sur han alterado las condiciones básicas para que exista una real división de poderes, impidiendo puedan ser controlados y se le ponga límites a los excesos y desmesuras del poder.
Una mirada sobre la región nos encuentra analizando un problema en común: hablo del ejercicio del poder por parte de los Gobiernos de la región ejercida sin límites y sin necesidad de tener que rendir cuentas de sus actos de Gobierno. Si algo distingue a la democracia es que los derechos se hallan establecidos legalmente y todos los ciudadanos tienen posibilidades reales de ejercerlos.
Hoy vemos que en América del Sur esto no sucede así.
En Venezuela y Ecuador, no existe el derecho a la libertad de expresión de la prensa escrita y los ciudadanos que exigen poder ejercer sus derechos son encarcelados. En Ecuador, Bolivia y Argentina también el ejercicio de la libertad de prensa es una actividad que se ve empañada por la tendencia de éstos Gobiernos a cuestionarla y controlarla.
De distintas maneras, se persigue que la prensa no pueda contar de que se trata y no pueda reflejar la realidad del poder. La región se ve asolada por Gobiernos que viven envueltos en situaciones de nepotismo y corrupción, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Chile, Ecuador, y el caso más elocuente de la corrupción del Gobierno de Argentina, que termina quedando expuesto en el penoso discurso de la Presidente Cristina Kirchner en la ONU, pidiendo ridículamente al Gobierno de EEUU no proteja a Stiusso, el agente de la SIDE encumbrado por su propio Gobierno, para espiar y controlar a todos los argentinos.
Paso de pedir ayuda para resolver los atentados de la Embajada de Israel y la sede de la Amia, casi que a explicar que su Gobierno no tiene que ver con la muerte del Fiscal Nisman. El caso de Colombia y el Gobierno de Santos muestra como se ha torcido también la Constitución y la legalidad para llevar adelante un proceso de paz, impuesto unilateralmente por las FARC y aceptado sin más, buscando un olvido sin justicia para las víctimas. Resulta ser, como un indulto encubierto, sin consenso social alguno.
Santos intenta lograr su Premio Nobel, dando su solución a un problema medular para los colombianos, pero generando tal vez las condiciones, para que esta Paz determine la continuidad del conflicto. Al igual que Santos en Colombia, también Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia han torcido sus Constituciones. Ambos persiguen instaurar una democracia plebiscitaria.
Mismos problemas y mismos desafíos enfrenta la región. En estos años, en muchos de los países de América se ha desmontado, desguazado y desmantelado el Estado de Derecho y eso se ve en sus efectos perniciosos en la corrupción. El control por parte de éstos Gobiernos de todos los poderes del Estado, a través de un control funcional y operativo férreo de los mismos, ha sepultado la autonomía institucional.
Así, han fracasado en la región los programas de “hambre cero” y han triunfado los de “transparencia cero” que han facilitado la corrupción y su impunidad, aún frente a las permanentes denuncias y la proliferación de escándalos inauditos, salvo Brasil como señale, donde se ha podido investigar y encarcelar a los corruptos.
Ya no se privatizan las Empresas del Estado, sino que se privatiza el Estado mismo.
Los Gobiernos parecen ser una nueva secta, que a través del poder despótico y con nepotismo descarado y sin ley alguna de por medio, sin control público o rendición de cuentas: manejan presupuestos paralelos al margen de toda supervisión estatal. He denunciado esto en la Argentina y vengo señalando esta metodología de la cual no se habla de este modo.
América del Sur no puede permanecer en ésta oscuridad atada ad infinitum a esta forma de ejercicio del poder. Este presente, nos lleva vivir procesos de corrupción mayores, los cuales alejan e impiden que los pueblos puedan seguir ampliando las fronteras de sus conquistas sociales, terminando con la pobreza y haciendo de la igualdad, una realidad que nos debemos.
Debemos recuperar el Republicanismo y la división de poderes plena en América. Sólo con instituciones que garanticen un funcionamiento democrático podremos comenzar a transitar este camino que se impone como desafió.
Hoy lo más revolucionario es recuperar la normalidad institucional.
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