La exministra de Seguridad Patricia Bullrich criticó ayer la decisión del Gobierno de volver a poner el control del Programa de Protección de Testigos e Imputados Protegidos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. «Buscan apretar a los testigos protegidos para que no hablen», dijo Bullrich a LA NACION.

El decreto de Alberto Fernández deroga la decisión que tomó Mauricio Macri doce días antes de terminar su mandato, cuando creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados y anunció la conformación de un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal; el Procurador General de la Nación y el Secretario de Seguridad.

Según Bullrich, el gobierno de Macri decidió modificar el sistema «porque con toda la teoría del lawfare estaban apretando testigos».

«No es que sea incompatible que esté en el Ministerio de Justicia. Estuvo muchos años. Pero los que están ahora [en el Gobierno] generan información para quebrar a los arrepentidos», afirmó la exministra. Bullrich dijo esto en referencia a la información que se hizo pública sobre el supuesto hotel que Alejandro Vandenbroele montó con fondos del programa de testigos protegidos. «Vandenbroele salió a hablar porque dijeron que le compraron un hotel y tuvo que salir a explicar que los únicos que le pagaron fueron [Amado] Boudou, [Gildo] Insfrán y [Jorge] Brito».

En una entrevista que LA NACION le realizó a Vandenbroele, él dijo: «Es mentira que me pagaron para que convirtiera en un arrepentido y declarase en contra de Boudou. Si alguien me pagó fue ese grupo de Boudou, de Brito y de Insfrán».

Esta mañana, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, habló con El Destape y dijo que el decreto de Alberto Fernández «devuelve el Programa de Protección de Testigos a su lugar natural» y «ordena los disparates jurídicos del gobierno anterior». Mena sostuvo además que «los testigos protegidos no pueden dar entrevistas y ayer Vandenbroele dio tres». Según Mena, «luego de usufructuarlo de forma irregular, Macri quiso quitar al programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia». Para Bullrich, en cambio, «las entrevistas son una decisión del protegido».

Declaraciones de la oposición

Distintos dirigentes de la oposición cuestionaron también la decisión del Gobierno. Uno de ellos fue el diputado Waldo Wolff que afirmó: «Muchos de los testigos protegidos que acusan a miembros del actual Poder Ejecutivo de causas de corrupción van a ser ‘protegidos’ por ellos».

En el mismo sentido, el diputado radical Álvaro de Lamadrid dijo: «Gravísimo atentado contra la Justicia y la República ha asestado el Presidente al derogar la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Procura avanzar con su tarea de clausurar las gravísimas causas de corrupción pendientes en la justicia de CFK y, a la vez, diseñar un traje a medida, para que de aquí en adelante, nadie se atreva a denunciar al poder».

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